Cajas de Compensación
Nacieron hace más de 50 años al amparo de organizaciones gremiales
empresariales y con el propósito de complementar los salarios de los
trabajadores, mediante el pago de asignaciones
familiares.
Son instituciones de previsión social, cuyo objeto es la administración de
prestaciones de seguridad social que tiendan al desarrollo y bienestar de
trabajadores, pensionados y sus familias,
protegiéndolos de contingencias sociales y económicas que los puedan
afectar temporalmente.
Disponen de una amplia gama de beneficios y servicios sociales que contribuyen
a mejorar la calidad de vida de los chilenos. Ello es posible gracias a que
reinvierten todos sus excedentes en más y mejores prestaciones familiares.
Actualmente, existen cinco cajas que
operan en Chile, las cuales entregan múltiples beneficios y servicios sociales
que propenden a elevar el bienestar de más de 8 millones de chilenos que están
inscritos en una de estas.
Son financieramente neutras para empresas, trabajadores y estado, puesto
que no reciben cotizaciones de ninguna de estas 3 organizaciones. Se financian
principalmente con los intereses del crédito social, con el producto de sus
inversiones y con las comisiones e ingresos generados por la prestación de
servicios a instituciones públicas y privadas que forman parte del sistema de
seguridad social.
Administran, por cuenta del Estado, los regímenes de asignaciones
familiares y subsidios de incapacidad laboral y cesantía. Cuentan con una amplia oferta de beneficios y
servicios en los ámbitos de la educación, la vivienda, la salud, la recreación,
el turismo social y la cultura. Otorgan
créditos sociales, administran cuentas de ahorro para la vivienda y entregan
beneficios en dinero, tales como bonos
de natalidad, escolaridad y nupcialidad, además de programas sociales en
beneficio de la familia.
¿Quienes pueden acceder?
Pueden acceder los trabajadores activos de las empresas afiliadas, los
funcionarios públicos y los pensionados.
¿Quién regula y fiscaliza las Cajas
de Compensación?
La
Superintendencia de
Seguridad Social, en cuanto a sus múltiples funciones y actuación, y la Contraloría General
de la República,
en cuanto a la administración de los recursos fiscales.